La UIA advirtió por la caída industrial y reclamó una nueva ley pyme y cambios tributarios

La Unión Industrial Argentina (UIA) presentó ante la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados un informe en el que describió un escenario de retracción de la actividad manufacturera, pérdida de empleo y dificultades para competir frente al aumento de los costos internos. En ese marco, la entidad reclamó una nueva ley para las pequeñas y medianas empresas, una reforma tributaria y modificaciones al proyecto de “Súper RIGI” para fortalecer la participación de proveedores nacionales.

Durante la exposición, representantes de la UIA señalaron que la producción industrial de marzo se ubicó un 12% por debajo de los niveles registrados en junio de 2022, según datos oficiales analizados por el Centro de Estudios de la entidad. El informe indicó que los sectores con mejor desempeño fueron la molienda, impulsada por la actividad agropecuaria; la refinación de petróleo vinculada a Vaca Muerta; la fabricación de motocicletas; la industria farmacéutica y algunos segmentos alimenticios. En contraste, se registraron caídas en ramas como siderurgia, petroquímica, caucho y plástico, bebidas, textiles, confecciones, calzado, electrónicos y maquinaria.

La UIA también destacó el impacto sobre el mercado laboral. De acuerdo con los datos expuestos, entre agosto de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 240.980 puestos de trabajo asalariado privado en el país. Dentro de ese total, la industria manufacturera concentró una reducción de 75.399 empleos.

“La caída de la actividad tiene su correlato en el empleo formal. Vemos una caída sostenida”, afirmó Laura Bermúdez, directora ejecutiva de la UIA, durante su intervención ante los legisladores. La dirigente aclaró que las cifras corresponden exclusivamente al empleo directo del sector y que no contemplan los puestos vinculados a servicios, provisión de insumos, actividades inducidas o comercialización.

Martín Rappallini, presidente de la UIA.

Otro de los puntos planteados fue el comportamiento de las importaciones. Según la entidad, las compras externas asociadas al consumo crecieron 17% hasta marzo respecto de abril de 2025, mientras que las destinadas a la producción retrocedieron 14%. Bermúdez sostuvo que existe “preocupación” en la industria debido a que se trata de una actividad que compite directamente con productos del exterior y que enfrenta elevados costos locales.

En materia de comercio exterior, la UIA remarcó que las exportaciones industriales permanecen estancadas desde hace una década. Los técnicos de la entidad indicaron que “en el primer trimestre de 2026, cayeron un 24% frente a 2011”, tomando como referencia los volúmenes exportados.

La presentación estuvo a cargo de Bermúdez y de Diego Leal, presidente del Departamento PyMI y Desarrollo Regional de la organización. Ambos participaron junto a representantes de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Reclamos por competitividad

En el documento entregado a los diputados, la UIA sostuvo que la mejora de la productividad debe estar acompañada por políticas orientadas a reducir el denominado costo argentino y a garantizar condiciones de competencia frente a productos importados.

“La productividad es una pieza clave para el desarrollo, pero una política de reducción del costo argentino y el resguardo de la competencia desleal son necesarias para sostener el desarrollo socioeconómico doméstico y promover la inserción competitiva de la producción argentina. Para volver a tener dinamismo productivo y protagonismo en el mundo necesitamos un sistema competitivo”, expresaron.

Entre los factores que identificaron como obstáculos para la actividad mencionaron la inestabilidad macroeconómica, los costos energéticos, las dificultades de financiamiento, los gastos logísticos, las deficiencias de infraestructura y la carga tributaria.

En ese contexto, la entidad pidió una nueva ley pyme, una reforma tributaria integral y mecanismos que permitan integrar a las cadenas de valor locales dentro del régimen de promoción de inversiones.

Las observaciones al “Súper RIGI”

La UIA dedicó una parte importante de su exposición al proyecto de Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como “Súper RIGI”, que actualmente analiza el Congreso.

La iniciativa oficial está orientada a proyectos superiores a los US$1.000 millones en sectores como inteligencia artificial, centros de datos, semiconductores, biotecnología avanzada e infraestructura digital estratégica, y contempla beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios.

Los industriales señalaron que el esquema previsto para proveedores locales otorga beneficios “sustancialmente menores que en el RIGI” y plantearon la necesidad de incorporar herramientas que promuevan de manera efectiva la participación de empresas nacionales.

“La iniciativa de proveedores locales del RIGI tuvo un alcance limitado, ya que, por un lado, gran parte de la inversión asignada pudo ser cubierta con gastos no asociados a bienes de capital con generación de valor local, por ejemplo, con obras o servicios (no transables). Y por el otro lado, el RIGI contiene un mecanismo para saltear el cupo de inversión obligatoria orientada a proveedores locales, permitiendo ser reemplazados por insumos y bienes finales del exterior”, sostuvo la entidad.

Entre las propuestas elevadas al Congreso, la UIA sugirió mantener un porcentaje mínimo obligatorio del 20% de inversión destinado a bienes con valor agregado nacional, ampliar gradualmente ese cupo durante las distintas etapas de los proyectos y establecer mecanismos de control que permitan verificar la disponibilidad y competitividad de los proveedores locales.

La organización empresaria también presentó una serie de iniciativas orientadas a reducir los costos fiscales que enfrenta la producción.

Entre ellas figuran la posibilidad de computar hasta el 95% de las contribuciones patronales como pago a cuenta del IVA y del Impuesto a las Ganancias para actividades intensivas en empleo; la implementación de una alícuota única del 25% en Ganancias; la utilización del impuesto a los débitos y créditos bancarios como crédito fiscal para IVA y Ganancias; la eliminación de los derechos de exportación para sectores que aún los mantienen; y el incremento de los reintegros para exportaciones industriales, alimentos, bebidas y economías regionales.